Imagen de la población de Isidoro. Fuente: https://www.facebook.com/resisteisidoro
Fuente: Resiste Isidoro
El pasado 6 de agosto, la Polícia Militar de Minas Gerais anunció que iba a cumplir con la orden de desalojo de las ocupaciones urbanas de la región del Isidoro – Esperança, Vitória y Rosa Leão – presentando así, a todo el país, la compleja cuestión del uso y destinación de este território, que envuelve elementos sociales, económicos, políticos, jurídicos, ambientales y agrarios. En medio de este enredo plagado de intereses, ambiciones y contratos imobiliarios tan milionarios cuanto nebulosos, está una población de trabajadores pobres, estimada en 8 mil familias, y una comunidad reminiscente de antiguos esclavos (1). Las dos luchan por el reconocimiento del derecho a la vivienda y a la tierra.
Dichas ocupaciones urbanas están en la región del Isidoro, al norte de la ciudad de Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais. Son famílias que tienen renta de 0 a 3 salarios mínimos (2) y jamás consiguieron tener su propia casa. Muchas de ellas están hace años en la cola del programa Minha Casa, Minha Vida (en español, Mi Casa, Mi Vida), que prevé la construcción de viviendas para posterior venta a credito para familias pobres. Sin embargo, el programa es ineficiente: el déficit habitacional de Belo Horizonte es de 78 mil viviendas y, hasta hoy, el programa ofreció solo una casa a cada dos mil personas.
Preguntamos, entonces, por qué pasar por encima del trabajo de los ciudadanos que construyeron más que el propio gobierno. Los gobernantes del municipio y del estado actúan junto a los intereses privados, los cuales se sobreponen a las necesidades básicas de los ciudadanos, como la de promover una solución para la cuestión habitacional (3).
El histórico de acciones de desalojo en Brasil es desastroso. El caso del Pinheirinho, en el cual 6 mil familias fueron desalojados con gran violencia y, hasta hoy, no tienen donde vivir, es un símbolo. El desalojo del Isidoro puede ser una tragedia todavia más grande. Por eso los moradores de dichas ocupaciones urbanas y la red de apoyadores de las ocupaciones del Isidoro se unieron y estan movilizando a personas en todo el país y también fuera de ello. El poder público amenaza y criminaliza a sus ciudadanos, yendo en contra de sus vidas y sus derechos básicos, además de no presentar ninguna contrapartida – después del desalojo no se sabe hacia dónde irán las 8 mil familias. No se puede aceptar que la especulación inmobiliária se sobreponga a los derechos fundamentales de los moradores del Isidoro y que las autoridades responsables lleven adelante un nuevo masacre a las poblaciones pobres y sin techo del país.
(1) A las comunidades de antiguos esclavos en Brasill, llamados quilombos, o comunidades quilombolas.
(2) El salario mínimo en Brasil corresponde a 724,00 reales, unos 241,00 euros.
(3) El derecho a la vivienda digna está previsto em la Constitución brasileña
(4) El Pinheirinho se ubicaba en la ciudad de São José dos Campos, en el estado de São Paulo.
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El Duende Crítico 2.0 